La titular de la Obra Social Provincia, Susana Lozano, reconoció que se mantiene una deuda con algunos establecimientos que se encargan de los tratamientos para personas con discapacidad, pero aclaró que son estas instituciones las que no presentan la documentación exigida.
“Hay un par de expedientes demorados, pero lo cierto es que la
Contaduría General de la Provincia exige que presenten un certificado
de cumplimiento fiscal y muchas instituciones están teniendo problemas
para obtenerlo. Así es imposible girar un pago”, explicó la
interventora.
Lozano también aclaró que desde la repartición se trabaja para brindar
mayor cantidad de servicios, pese a no estar obligados por la Ley
Nacional de Discapacidad. “No estamos obligados a dar cobertura total
integral para discapacitados, pero hace poco incorporamos la mejora de
medicamentos, asistencia económica para traslado y mayor cantidad de
prestadores dedicados a la educación, integración y rehabilitación”,
concluyó.
